La extendida disputa que llevó a la justicia a decretar el embargo de centro comercial en Calama

Fue un proyecto comercial que tomó cerca de seis años de construcción y, a dos de haberse inaugurado, no deja de plantear problemas. Se trata del centro comercial Espacio Grecia de Calama, el que está inmerso en una dura y extendida batalla legal entre los gestores de la iniciativa y una constructora española por el pago de más de $ 2 mil millones.

La pugna entre los operadores -vinculada al empresario Jorge Salazar- y Construcciones y Obras Llorente, Agencia en Chile (Collosa), comenzó hace siete años, después que los titulares de la iniciativa -que hoy tiene a un Lider como tienda ancla, además de una Cruz Verde y un SmartFit- cobraran boletas de garantías de la española.

Según acusa Collosa en una de las dos demandas que se tramitan en la justicia -una de nulidad absoluta e inoponibilidad y otra de liquidación forzosa de empresa deudora, en contra de Comercial Paseo Grecia Calama-, el cobro de las boletas fue "indebido". Por eso, piden la restitución de $ 2.200 millones, más intereses y reajustes.

Antes de abrir los caminos legales, en 2015, el tema fue tratado en un arbitraje, el que culminó con una sentencia condenando a la operadora del recinto a pagar la deuda. Dado que eso no se ha concretado, se abrió la arista ante la Justicia.

Según se relata en el documento, para que la deuda fuera pagada, el 2 de octubre de 2018 el 17° Juzgado Civil de Santiago admitió a tramitación una demanda ejecutiva, la que fue acogida. Ahí se pidió el embargo y el remate de los inmuebles. En ese momento se descubrió que se habían hecho operaciones para -presuntamente- eludir el pago de la deuda. 

"Los controladores y administradores de la sociedad Comercial Paseo Grecia Calama Limitada -los integrantes de la familia Salazar Crovetto, demandados en estos autos– se niegan a pagar la deuda; y en cambio, han recurrido a varios actos y contratos fraudulentos con la finalidad de eludir el pago de la misma", señala Collosa en su demanda de nulidad presentada tras el impago de la deuda.

La sociedad habría transferido todos los inmuebles a otra sociedad llamada Calama Sur SpA. "Resulta inaceptable que una familia multimillonaria, con innumerables sociedades, con un capital de más de US$ 10 millones, y que es dueña de ni más ni menos que un centro comercial stripcenter en la ciudad de Calama, siga burlándose de la justicia civil, al eludir el pago de sus obligaciones de un modo patentemente abusivo y fraudulento", apuntan los demandantes, quienes son asesorados por el estudio Baker McKenzie.

Por esto, la acción legal que impulsan los españoles busca "que se declare la nulidad absoluta de los actos y contratos en virtud de los cuales se vació el patrimonio de la deudora Comercial Paseo Grecia Calama Limitada", para lo cual se notificó a una serie de sociedades relacionadas a la familia Salazar Crovetto, y también a los bancos Santander y De Chile.

Los juicios siguen su curso, sin embargo, el 27 de octubre, el 29° Juzgado Civil de Santiago decretó una medida precautoria para prohibir que los inmuebles del centro comercial Espacio Grecia sean transferidos o se celebren nuevos contratos -de arriendo, por ejemplo- respecto de ellos, equivalente a un embargo.

Este medio intentó comunicarse con los demandados, pero a través del centro comercial no hubo respuesta. En su contestación a la demanda, los representantes de Jorge Salazar y Gilda Crovetto respondieron al tribunal que "podrá advertir que los inmuebles que el Banco (de Chile) adquirió a mis representados y, que posteriormente vendió a la sociedad Comercial Calama Sur SpA, nunca fueron parte del patrimonio de la sociedad Comercial Paseo Grecia Limitada".

Agregó que "nunca los contratos celebrados sobre dichos inmuebles pudieron afectar, como lo afirma la demandante a su derecho de prenda general, y no es más que un mecanismo burdo para lograr el pago de su acreencia a través de otras sociedades, vulnerando el principio de separación de patrimonios que rige nuestra legislación societaria".

Si se acoge la demanda de nulidad, las hipotecas constituidas por los bancos de Chile y Santander quedarían nulas.